La fiscalía solicitó al juez que se lo declare responsable a Danilo Rojas por abuso de autoridad al dictar resoluciones contrarias a la normativa vigente para hacer una bicisenda y desistió de acusarlo por malversación de fondos públicos. El veredicto se conocerá el 3 de marzo.

El fiscal Guillermo Lista solicitó este jueves que se lo declare responsable al exintendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, de haber cometido abuso de autoridad al dictar resoluciones contrarias a la normativa vigente, para contratar en forma directa a una empresa que construyó la segunda etapa de una bicisenda. Y retiró la acusación por malversación de caudales públicos que pesaba sobre Rojas.

En cambio, Lista pidió declarar responsable a Carlos Morazani, que se desempeñó como secretario de Obras Públicas durante la gestión de Rojas, por el delito de malversación de caudales públicos y desistió de acusarlo por abuso de autoridad.

“El Ministerio Público Fiscal debe seguir un criterio de objetividad”, explicó Lista al abrir su alegato ante el juez Marcelo Álvarez Melinger. La fiscalía había promovido el juicio contra Rojas y Morazani porque entendía que habían cometido abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Pero en el desarrollo del juicio modificó el criterio.

Recordó que Rojas debía cumplir el régimen de contrataciones y llamar a una licitación pública o un concurso de precios para adjudicar la segunda etapa de la bicisenda que se construyó en forma paralela a la ruta nacional 40, que cruza el ejido de Dina Huapi.

La obra superaba el tope de 92.000 pesos (a valores de 2015) que establecía la normativa vigente para contrataciones directas por parte de la Municipalidad de Dina Huapi. Lista aseguró que Rojas firmó tres resoluciones que dividieron la obra en tres etapas para eludir el régimen de contrataciones. La primera fue de 84.000 pesos, la segunda, por 91.000 y la tercera por 78.000 pesos. La obra se ejecutó por 2015.

Advirtió que Rojas actuó en contra de la normativa. Y aseguró que en el juicio se probó la teoría de la fiscalía en ese aspecto y mencionó los informes de los peritos. Dijo que los propios imputados admitieron los hechos. “No olvidemos que estamos hablando de dineros públicos”, afirmó y recordó que ese manejo demanda transparencia.

“Estoy convencido de que hubo un actuar a sabiendas de burlar la normativa”, afirmó el fiscal del caso. “Considero y entiendo las buenas intenciones (de Rojas), pero entiendo que hay que cumplir la ley”, sostuvo Lista. Y advirtió que de los 3 contratos, el contratista adjudicado en forma directa con la obra solo firmó uno.

El fiscal aclaró que no acusó a Rojas por una conducta “ni parecida al fraude y no hemos acusado por peculado”. La denuncia que promovió la causa señalaba que Rojas había cometido malversación de fondos y hasta se lo acusó de peculado, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión.