La escrituración de 16 lotes sociales en Ñirihuau cuyos adjudicatarios no cumplimieron con todas las exigencias asumidas años atrás salpica a la gestión municipal anterior de Dina Huapi, que lideró Mónica Balseiro (JSRN), y será objeto de análisis a nivel provincial para determinar eventuales responsabilidades.

El tema fue derivado la semana pasada a la Fiscalía de Estado por decisión del Tribunal de Contralor de Dina Huapi y luego de transitar varios meses el expediente en el Tribunal de Cuentas de Río Negro.

El Contralor local entendió que existían presuntas irregularidades en la escrituración de los lotes sociales ordenada por Balseiro durante su gestión y que violaría las exigencias de las ordenanzas 98/2013 y 376/2019, luego de analizar toda la documentación remitida por el Ejecutivo municipal, a cargo de Hugo Cobarrubia, en diciembre de 2024.

Con un dictamen del asesor letrado del Contralor, Alejandro Pschunder, en febrero pasado, se remitieron las actuaciones al Tribunal de Cuentas provincial debido a “lo complejo del tema” y por “exceder las atribuciones” del organismo local. Y ahora llegó la documental a Fiscalía de Estado, ante la sugerencia desde el organismo de control provincial.

«Graves falencias», advirtió el asesor del Contralor

Pschunder señaló a este diario que existen “graves falencias porque el gobierno anterior no cumplió con las ordenanzas e igual hicieron escriturar los lotes”. Dijo que muchos adjudicatarios no habían pagado, no habían construido y otros revendieron el terreno, algo expresamente prohibido por el carácter social de la adjudicación.

El abogado dijo que en el Contralor se evaluó la documental remitida por el Ejecutivo actual y debido a que el gobierno provincial había participado en ese loteo, con la ejecución de obras de infraestructura, es que se decidió trasladar a esa órbita para que determinen si existieron irregularidades. La Provincia en ese loteo aportó la red de agua y de electricidad, de manera posterior a la conformación.

Las presuntas irregularidades señaladas por el Ejecutivo local hablan de un “despojo” de 16 lotes de la administración municipal que fueron escriturados en la gestión de Balseiro. La abogada del municipio, Florencia Micuda Durán, pidió la intervención del Tribunal de Contralor en diciembre del año pasado argumentando que esa escrituración violó las ordenanzas vinculadas al loteo.

El loteo se gestó en 2013

El hecho denunciado remite a 2013, cuando en la intendencia de Danilo Rojas (PRO), el municipio por ordenanza creó un loteo social en Ñirihuau, luego en 2019 se realizó la adjudicación mediante otra normativa, previo a depurar un listado de adjudicatarios y entregar un certificado de boletos de compra y venta.

Los lotes tenían entre 400 y 550 metros cuadrados cada uno, se habilitó un registro y entre las exigencias los aspirantes debían ser residentes con 10 años de antigüedad (15 años extranjeros naturalizados), y se otorgaba prioridad a quienes ya vivía en Ñirihuau con una antigüedad de 8 años.

La abogada advirtió que en esos boletos en algunas páginas no están las firmas del entonces intendente y solo cuentan con el sello, pero lo más grave es que las ordenanzas establecían que los adjudicatarios tenían un plazo de 2 años para iniciar las construcciones de sus viviendas en los lotes y en caso de incumplimiento el municipio podría anular el contrato.

Según la denuncia del Ejecutivo actual, de los 35 lotes originales solo 10 adjudicatarios iniciaron sus construcciones y otros 16 “no solicitaron prórroga de iniciación de obras ante el Concejo Deliberante, no hicieron ningún acto posesorio de los lotes, ni limpieza ni cercado”.

En 2022 Balseiro decidió escriturar

A pesar de esa situación, en 2022 la exintendenta Balseiro “decidió iniciar la tramitación de las escrituras traslativas de dominio a todos los lotes adjudicados”, incluyendo a los 16 que aún inclumplían con el plazo de iniciar la construcción o tomar posesión de algún modo.

Luego, en diciembre de 2024, por mayoría el Concejo Deliberante, con los votos de Balseiro y Gabriel Paez, aprobó una nueva ordenanza que autorizó la prórroga del inicio de obras a los 16 adjudicatarios que llevaban años de incumplimiento, argumentando demoras por la pandemia del coronavirus y la escalada inflacionaria que les impidió iniciar la construcción.

Tras esa ordenanza, la 848/2024, el Ejecutivo decidió actuar y reclamar el incumplimiento para recuperar la posesión de los lotes.

Fuente: rionegro.com.ar