El intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, desmintió categóricamente haber manifestado la intención de judicializar el conflicto inherente al Vertedero Municipal de San Carlos de Bariloche, en respuesta a trascendidos mediáticos y comentarios de ediles barilochenses. En declaraciones a «Comenzando La Mañana de Bariloche En Redes», quedó bien definido que Cobarrubia propone el Vertedero Regional y la mitigación de los impactos sanitarios que el actual emplazamiento genera en la población circundante.

«Desmintió categóricamente haber manifestado la intención de judicializar el conflicto inherente al Vertedero Municipal de San Carlos de Bariloche.»

Cobarrubia precisó que la problemática del vertedero es una cuestión de larga data, habiendo propuesto la creación de un sistema regional desde el año 1998. En este contexto, recordó que el municipio de Dina Huapi ha presentado un proyecto de ampliación de su ejido con el propósito específico de establecer una infraestructura de disposición final de residuos de carácter regional. El intendente subrayó la necesidad imperante de aunar esfuerzos interjurisdiccionales para concretar esta iniciativa, considerada por él como la prioridad fundamental para la gestión de residuos sólidos urbanos en la comarca.

Dina Huapi demanda vertedero regional: una prioridad histórica

Respecto a las imputaciones sobre una posible acción judicial, Cobarrubia calificó la repercusión de sus comentarios como «desmedida», aclarando que sus expresiones previas constituyeron una opinión personal emitida en el marco de una consulta periodística, sin la intención de generar un conflicto de tal magnitud. Afirmó no estar en condiciones ni tener la potestad de iniciar acciones legales en un ejido ajeno, dado el principio de autonomía municipal que rige a cada jurisdicción. El intendente enfatizó que su enfoque se centra en la búsqueda de soluciones concretas para la disposición de residuos, las cuales considera cruciales para la salud pública.

«Su preocupación central radica en la consecución de un vertedero regional y la mitigación de los impactos sanitarios que el actual emplazamiento genera en la población circundante.»

El titular del Ejecutivo de Dina Huapi manifestó su profunda preocupación por las consecuencias directas del vertedero actual en la salud de los habitantes de la zona, incluyendo a miembros de su propia familia que residen a tres kilómetros del sitio y padecen enfermedades crónicas asociadas al humo y los olores. Este factor, según Cobarrubia, es el fundamento principal de su insistencia en la necesidad de un vertedero regional, una solución que, a su juicio, aliviaría la situación sanitaria y ambiental que se complejiza progresivamente.

Descartada la judicialización: el foco en la salud pública

En relación con la contribución de Dina Huapi al sistema de disposición de residuos de Bariloche, el intendente confirmó que su municipio abona un canon mensual por el vertido de sus residuos. Indicó que el monto actual se estima en alrededor de 8 millones de pesos, si bien ha experimentado variaciones significativas a lo largo del tiempo, ascendiendo desde cifras iniciales de 1.200.000 pesos. Este pago, explicó, se realiza en reconocimiento de la colaboración de Bariloche al permitir la deposición de los residuos de Dina Huapi.

«El monto actual [del canon] se estima en alrededor de 8 millones de pesos, si bien ha experimentado variaciones significativas a lo largo del tiempo, ascendiendo desde cifras iniciales de 1.200.000 pesos.»

Consultado sobre la sugerencia de una concejala barilochense para que exponga ante el Concejo Deliberante de Bariloche, Cobarrubia declinó la invitación. Argumentó que su responsabilidad se circunscribe a rendir cuentas ante su propio Consejo Deliberante y que intervenir en un cuerpo legislativo de otro municipio sería una acción «destituyente» y contraria a la autonomía de las jurisdicciones. Reiteró que sus comentarios se originaron en un diálogo con la prensa, sin haber mantenido comunicación directa con ediles de Bariloche. El intendente concluyó reafirmando el deber de los funcionarios públicos de responder a las interpelaciones periodísticas, considerándolo una obligación inherente a la gestión y reiterando que la prioridad de Dina Huapi demanda un vertedero regional como solución definitiva.