Hace seis meses inició la gestión del actual intendente Hugo Cobarrubia.  La misma debe enfrentar una serie de problemas legales heredados de la gestión anterior. ¿Podríamos hablar de negligencia, de falta de compromiso, de irresponsabilidad? La mayoría de los problemas están atados a judicializaciones que causan al Municipio un costo monetario inmenso.

Por un lado, el juicio por el trabajador que fue golpeado salvajemente por el representante de Sele Vera, por el cual no se hizo la denuncia a la aseguradora, al menos no de manera formal, es decir con los papeles que corresponden. Otra trabajadora eventual que estuvo a cargo de la Municipalidad por más tiempo del que establecía el contrato y no se liquidó su indemnización como establece la Ley.

Por otra parte, las acciones legales llevadas a cabo negligentemente: Dina Hué y la causa del Ministerio del Interior.

La demanda del  caso Dina Hué, fue iniciada por la misma Junta Vecinal  por  la reserva fiscal. Se trata de un loteo que no estaba acorde a lo establecido por el Código Urbano, sin embargo fue ‘resuelto’ con una ordenanza municipal, refrendada por el Concejo Deliberante de la pasada gestión. La demanda del caso Dina Hué se notificó en octubre del 2023 y en todo el plazo que siguió hasta dejar la administración de la Municipalidad, esa demanda no fue respondida.  

La gestión anteriortampoco pidió la suspensión de los plazos procesales por el cambio de administración, por lo tanto, la Municipalidad fue declarada en rebeldía e inhibida de toda defensa hasta el día de hoy.

También por esta causa judicial, llegó una medida cautelar de no innovar por la que se le corrió vista al Concejo Deliberante  (Barraquero, Mansilla y Paez), pero éste tampoco respondió. Acto seguido se inició la demanda antes mencionada.

Otro tema judicializado es el loteo donde se encuentran  las tomas de agua, tampoco resuelto.

En febrero de este año llega una demanda iniciada por el Ministerio del Interior que se originó en un préstamo enmarcado en el Convenio Específico de Cooperación el día 7 de febrero de 2017 durante la gestión del entonces intendente Danilo Rojas.  El mencionado Ministerio entregó al Municipio de Dina Huapi una suma superior a los $ 640 000, por lo que el Municipio estaba obligado a hacer la rendición de cuentas a los 30 días. Dicha rendición no se hizo. El 14 de marzo del 2023, ya durante la administración de Mónica Balseiro  se intima a la Municipalidad a presentar dicha rendición, “misiva que fue recibida y contestada por el Municipio deudor. No obstante, las justificaciones esgrimidas por el Municipio” se lo intima a  la devolución del dinero. El recurso presentado por el Ministerio del Interior ni siquiera fue recurrido por el Municipio, dejando firme el acto. La rescinsión del contrato fue notificada en agosto del 2023.

¿Dónde estuvo el control de gestión de los Concejales? Un desastre.

Algunos disfrutan vivir del Estado, pero no les gusta trabajar en serio para construir  Estado eficiente. Las costas de los juicios, las deudas, la negligencia de cualquier administración la pagamos todos los vecinos, porque los recursos son dispendiados en cuestiones que se pueden evitar.

A nivel nacional el país está estancado desde 2017 con la deuda más importante de la Historia. Permitir que los funcionarios públicos pasen por las diversas administraciones sin el juicio político y penal correspondiente es simplemente una estupidez y una desidia por parte de la población.  Hacen y deshacen con el dinero de los contribuyentes, pero no rinden cuentas de lo que hacen.

Y como si esto fuera poco, la deuda total de nosotros los vecinos a diciembre del 2023, lo cual incluye agua e impuestos municipales ascendía aproximadamente a 170 millones de pesos. ¿Cómo creen que puede funcionar un Estado eficiente? ¿Hospital, cloacas, calles, agua potable, gas?

¿Somos todos iguales ante la Ley: los que pagan sus deudas y los que no, quienes ejercen sus funciones públicas con responsabilidad y quienes no?

Y esto no termina aca…